Desde ayer ya sabemos que el Govern de Catalunya tiene una ley en la que se basará la proclamación y el desarrollo de la República de Catalunya. Y desde ayer saben, los que se hayan tomado la molestia de leer las 45 páginas de esa ley, que el Govern de Catalunya y el Parlament a su servicio tienen la intención de separarse de España y hacer de Cataluña un estado bajo un régimen totalitario en discordancia con los países democráticos de Europa.  Un simple ejemplo: la imaginaria República de Catalunya ignorará la separación de poderes.

Dejo a los analistas el análisis en profundidad de la  Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república. Para eso les pagan. Baste decir que el documento es un disparate desde el punto de vista lógico, jurídico y hasta semántico. ¿No hay en Cataluña filósofos, juristas, lingüistas capaces de redactar un documento tan trascendental de un modo, al menos, formalmente correcto? Claro que los hay, y de prestigio internacional,  pero, o no les llamaron a contribuir en el diseño político del nuevo estado, o no hubo erudito dispuesto a poner su prestigio en entredicho   participando en una pantomima que ya ha trascendido el ridículo para convertirse en debate de  alienados.

Lo que interesa al lector anónimo para quien escribo, al lego en los intríngulis jurídicos y políticos, es cómo puede afectar esa ley a los catalanes y al resto de los españoles. Cómo nos afecta ya desde hace tiempo aunque hasta ayer  ha estado durmiendo en un cajón y hasta hoy no se ha presentado a trámite en ninguna parte.

Hace años que los catalanes vivimos bajo la dictadura del Govern y el Parlament independentistas.  La Asamblea Nacional Catalana, el brazo propagandístico más importante y sonoro del gobierno, ya ha abierto locales en los pueblos, ya pone paradas en los mercados  y en las calles preparando la manifestación del 11 de septiembre. No se puede decir que intente manipular con su propaganda; lo que hace es presionar a la gente con un descaro absoluto y una descarada prepotencia. Son pocos los que en las ciudades y pueblos de Cataluña se atreven a declararse públicamente contrarios a la independencia por miedo a enemistarse con parientes y amigos; por miedo a lo que más teme la gente corriente: el rechazo. El catalán al que repugnan la ideología de la extrema derecha de los nacionalistas españoles, el anti catalanismo de Ciudadanos, la política del Partido Popular, se ve incluido en esos grupos por los independentistas que no aceptan ni la más mínima razón contra la independencia. O eres independentista y aceptas sin cuestionar todo lo que declare o decrete el govern y todo lo que apruebe la mayoría en el parlament –mayoría en diputados, pero no en votos- o eres un traidor a Cataluña.

Todos sabemos, todos, todos menos los que han caído en el trance provocado por la sugestión colectiva inducida durante cinco años por los políticos que se dicen independentistas; todos sabemos, repito, incluyendo a todos los políticos de todos los pelajes, que ni habrá referéndum vinculante ni Cataluña se separará de España para constituirse en república independiente. ¿Por qué se empeñan entonces, el govern y los partidos que le apoyan en dar por hecho algo que es, rotundamente, imposible? ¿Por qué siguen  engañando a los catalanes independentistas y obligando a callar a quienes no lo son? Un brevísimo repaso al pasado más reciente permite comprender lo que sin explicación parece un episodio de locura colectiva.

Artur Mas decretó por sus fueros que las elecciones del 27 de septiembre de 2015 tuvieran carácter de plebiscito. Las elecciones al Parlament las ganó Junts pel sí, amalgama de grupos y personalidades independentistas.  El plebiscito lo perdió la independencia. La suma de las opciones no independentistas obtuvo más votos.  

Todos sabemos que la mayoría del pueblo catalán no quiere la independencia. Esto se habría manifestado en un referendo que  habría zanjado el asunto. Pero Mariano Rajoy y su gobierno se emperraron en negar a los catalanes el derecho a votar, como se emperraron en echar por tierra el Estatut de 2006 que había aprobado el Parlamento español y que aprobó la mayoría de los catalanes en referendo. Podía haberse encontrado alguna fórmula para dejar que los catalanes expresaran su voluntad sin violar la constitución, pero no quisieron. No quisieron porque no les interesaba. Si la mayoría de los catalanes hubiera manifestado su voluntad de permanecer en España, como sin duda hubiera ocurrido, el problema se habría terminado, pero ni al gobierno español ni al gobierno catalán interesaba que se acabara el ruido. 

Desde 2012, Artur Mas y después su encargado, Carles Puigemont,  han exhibido una voluntad inquebrantable de mantener la pugna contra el gobierno español exigiendo que Cataluña se convierta en una república independiente. Desde 2012, Mariano Rajoy y su partido han exhibido la voluntad inquebrantable de dejar que los políticos independentistas catalanes pataleen todo lo que quieran. El ruido acapara la atención de los ciudadanos para desviarla de la corrupción que hizo de Convergència i Unió y del Partido Popular unas organizaciones inmorales e inhumanas en las que su financiación y el lucro personal de sus cargos estaban por encima de los intereses de los ciudadanos. Uno en Cataluña y el otro en España se encargaron de degenerar a la sociedad convenciendo a la mayoría de los votantes, durante años, que a los políticos no hay que exigirles coherencia ética; que la corrupción no tiene por qué castigarse en  las urnas; que un país se puede convertir moralmente en una cloaca inmunda en la que solo los ingenuos se sientan incómodos y avergonzados.

Y así llegamos al día después de las últimas elecciones catalanas. Sin el más mínimo escrúpulo democrático, el govern y el Parlament de Cataluña, con Puigdemont y Forcadell a la cabeza, declararon su voluntad de gobernar y legislar única y exclusivamente  para los independentistas. El resto de los catalanes, es decir, la mayoría, no contaba según la premisa: los que no quieren que Cataluña sea una república independiente  no merecen ser considerados catalanes; luego govern y Parlament no tienen por qué tomarles en cuenta a la hora de gobernar y legislar.  No se ha gobernado ni legislado administrando los fondos públicos para el bien común. No se ha procurado solucionar o paliar los problemas que aquejan a una sociedad depauperada que va sobreviviendo en precario; unos, porque no tienen ni lo necesario para vivir dignamente; otros, porque no tienen la certeza de poder conservar lo que tienen. Todos los problemas se solucionarán cuando Cataluña sea una república independiente, dicen. Y quienes se han dejado hipnotizar por una propaganda brutal, se lo creen. Para financiar esa propaganda brutal a favor de la independencia, se han utilizado fondos que corresponderían a todos los catalanes. O sea, que todos, independentistas y no independentistas hemos tenido que financiar la propaganda con que a todos nos intentan manipular para que se vuelva independentista el que no lo es.

Convergència Democràtica de Catalunya, ya libre de  Unió, consiguió su propósito. Hasta ahora ningún político de ese partido ha tenido que pagar sus delitos ni, por supuesto, devolver el dinero robado a todos los contribuyentes. Cuando la cosa se le puso muy fea a un partido que llegó  a erigirse en fundador del país, se cambió el nombre creyendo que los catalanes aceptarían al Partit Demòcrata Europeu Català como formación nueva, sin lastre ni rastro de corrupción. Es decir, atribuyendo a los catalanes una ingenuidad rayana en la imbecilidad.  Tan convencidos estaban sus dirigentes de las pocas luces de los catalanes que no dudaron en nombrar presidente del nuevo partido a Artur Más. Seguro que nadie los iba a asociar a la antigua Convergència. Jugada genial. Si Cataluña consiguiera constituirse en república independiente, su nueva ley amnistiaría a todos los independentistas. ¿Y quién duda del independentismo de los políticos de Convergència? Con la república, la responsabilidad por el 3% quedaría borrada por la magnánima firma de quien fuera presidente del flamante estado.

En cuanto a la corrupción del PP, ¿a quién importa? ¿A quién va a importar estando en peligro la unidad de España? Pero, ¿verdaderamente está en peligro la unidad de España? Ni por asomo. En cuanto aparezcan las urnas o lo que se habilite para votar en alguna parte, sea donde sea, el Tribunal Constitucional, a instancias del gobierno, anulará la votación.  ¿Entrará en vigor la Llei de transitorietat? No en este mundo. En cuanto se registre en el Parlamente, el Tribunal Constitucional declarará su inconstitucionalidad. ¿Entonces? Entonces puede pasar una de dos cosas. O los más radicales de la CUP se ponen a quemar contenedores y los fanáticos más desequilibrados salen con palos a la calle a atacar a lo que sea que represente a España o no pasa nada que no haya pasado ya. Habrá elecciones anticipadas en Cataluña y, según las encuestas, será president de la Generalitat Oriol Junqueras y nos pasaremos cuatro años más dentro del bucle de pesadilla que llevamos años padeciendo.

¿Y los ciudadanos? Como los ciudadanos españoles. No cuentan. Los ciudadanos nunca contamos cuando los políticos se juegan el sillón, sean españoles de Cataluña o del resto de España.

 

 

 

Anuncios